ESCALOFRIANTE RESURRECCIÓN DEL TERRORISMO

No sorprende sin embargo resulta escalofriante la reacción del gobierno, de los partidos políticos, de la prensa, de los poderes del Estado, y del mismo pueblo FRENTE A LA RESURRECCIÓN DEL TERRORISMO, como si la violencia y el pánico desatado por la IZQUIERDA RADICAL; las pérdidas de miles de vidas y de miles de millones de dólares que representó para nuestra economía y desarrollo, NO SIGNIFICARA ABSOLUTAMENTE NADA.

No puede ser posible que los mercaderes de la muerte, que lucran y pretenden el enriquecimiento con el dolor de los miles de compatriotas desaparecidos, enmascarados tras las ONGs, que dicen defender los DDHH solo de los terroristas, continúen alegremente LIBERANDO TERRORISTAS; mientras que a las fuerzas del orden, se les desarma, se les reprime, persigue y encarcela.

De no tomarse medidas correctivas de emergencia, pronto nos veremos nuevamente envueltos en la violencia que precisamente García en su primer desastroso gobierno nos LEGÓ.

Corte IDH pretende que Perú le pague moras

Además de intereses millonarios en casos en los que están involucrados terroristas. Si en el plazo de un año el Estado peruano no pagase las indemnizaciones fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a desapariciones forzadas o derechos humanos, tendrá la obligación de hacerlo después con intereses bancarios. De acuerdo al fallo emitido en setiembre del año pasado por la cuestionada Corte IDH, respecto al caso del estudiante universitario Kenneth Anzualdo Castro, en el rubro referido a las “modalidades de los pagos ordenados”, dicho tribunal foráneo precisó que el Estado peruano deberá efectuar el pago de indemnizaciones, por concepto de daño material e inmaterial directamente a sus beneficiarios (o sea de Anzualdo Castro), así como el reembolso de costas y gastos en el plazo de un año contado a partido de la notificación de la sentencia”. También moras exorbitantes Esto significa que, si el Estado peruano no desembolsara las cuantiosas sumas de dinero estipuladas por la Corte IDH, al cabo de doce meses y a partir de la notificación oficial del veredicto, se considerará que ha incurrido en “mora”, por lo que deberá abonar un interés sobre la cantidad adeudada, “correspondiente al interés bancario moratorio en Perú”. Pero allí no queda esto, porque la tantas veces cuestionada Corte IDH decretó (siempre y cuando no haya pago del Estado en los plazos anotados) que “el Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago”. Contra el Estado Más, como para terminar de confirmar que la Corte IDH se la tiene jurada al Estado peruano por los temas de desapariciones o derechos humanos, resolvió que “las cantidades asignadas en la presente sentencia (Anzualdo Castro) como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra conforme a lo establecido en esta sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales”. Paliativo A modo de consuelo, este mismo tribunal internacional, siempre sobre el tema Anzualdo Castro, dio a conocer lo siguiente: “Si al cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado (peruano) con los intereses devengados”. Conociendo los apetitos crematísticos de los abogados de Aprodeh, IDL o del llamado Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que intervinieron en el proceso judicial por el caso Anzualdo, esto último se convierte en una utopía clamorosa, a todas luces. La otra cara de la moneda A todo esto cabe recordar que la Corte Suprema de la República, luego de condenar a cadena perpetua a la cúpula (integrada por doce terroristas) de Sendero Luminoso, encabezada por Abimael Guzmán Reynoso (a) “Gonzalo”, le impuso el pago solidario de tres mi setecientos millones de soles, por concepto de reparación civil al Estado, por los cuantiosos daños causados (materiales y humanos) a la sociedad peruana en su conjunto durante los veinte años de terror y destrucción que padeció. Nunca pagaron Por cierto que Guzmán y toda esa gavilla de terroristas, incluso algunos de ellos próximos a salir excarcelados gracias a los beneficios penitenciarios otorgados por una norma dictada por el blandengue gobierno de Alejandro Toledo Manrique, como es el caso de Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil, nunca pagaron al Estado la indemnización económica correspondiente al Estado, por lo que esta, en buena cuenta, resultó siendo lírica, por llamarla de alguna manera Hacerle el juego al terrorismo Bueno, si eso es lírico e impagable para los terroristas condenados por sus fechorías, ¿por qué al Estado peruano se le pone virtualmente contra la pared para que desembolse cientos de millones de dólares por casos que incluso no tienen la calidad de ejecutoriados? Por esa y otras razones, existen fundadas sospechas de que la Corte IDH sigue haciéndole el juego al terrorismo en general, salvo mejor parecer. “El Gobierno debe evitar que el muerto resucite” Frente a los pedidos de amnistía hechos por algunas personas para el líder senderista Abimael Guzmán, el abogado Alfredo Orrego Moreno señaló a EXPRESO que el Perú no puede dar amnistía a una persona que es considerada como genocida por autoridades internacionales como el Organismo de Estados Americanos (OEA) y dijo que lo importante es qué puede hacer el gobierno para evitar que el muerto resucite. En este sentido señaló que incluso no es entendible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya podido decirle al mayor asesino de la historia peruana que dentro de 35 años (esto en 1992) le será nuevamente revisado su caso.